Criminalización del aborto en Chile, un legado de la
dictadura
Por el derecho a decidir, también en Chile
X Hysteria México 2015
Muchas mujeres chilenas vivimos en países donde se
garantizan los derechos sexuales y reproductivos. Mientras nosotras estamos
aquí -en Barcelona, España-, formamos parte del 61% de la población mundial que
tiene acceso al aborto a petición de la mujer, durante ciertos plazos y por
diversas razones sociales, de salud o económicas. Dado que el derecho a decidir
está garantizado legalmente, hemos podido conocer a mujeres que por distintos
motivos han decido interrumpir sus embarazos.
A diferencia de
lo que ocurre en Chile, ellas lo hicieron con la tranquilidad de que su
decisión no constituía un delito, no sería sancionada moralmente ni tendría repercusiones
para su salud. Las mujeres chilenas que vivimos aquí también hemos
experimentado la tranquilidad de abortar legalmente. Aquí, abortar es una
opción personal, es un derecho garantizado por el Estado y, por tanto,
respetado socialmente.
Somos chilenas,
pero tenemos más derechos que nuestras compatriotas porque vivimos en lugares
donde las mujeres podemos decidir interrumpir un embarazo legalmente y con
garantías sanitarias, sin temor a ser perseguidas, juzgadas ni -mucho menos- ir
a la cárcel por ello. En Francia, España y Alemania se puede decidir libremente
interrumpir la gestación hasta la semana 14 y en Portugal hasta la semana 10.
En casos de
enfermedades graves de la mujer, malformaciones fetales severas, incurables o
incompatibles con la vida, no se establecen límites para abortar. Pero esto no
es exclusivo de los países europeos. En varios países de Latinoamérica las
mujeres pueden interrumpir legalmente un embarazo no deseado: en Uruguay, por
ejemplo, hasta la semana 12 o hasta la 14 en casos de violación o sin plazo, en
aquellas situaciones de riesgo para la salud de la mujer o inviabilidad fetal.
El plazo de 12 semanas es también reconocido en el Distrito Federal de México,
mientras que en Cuba es de 10 semanas.
Por eso nos
indigna cada de vez que nos enteramos a través de la prensa de casos de niñas
chilenas embarazadas (y de hecho, violadas, a menudo por hombres cercanos a su
entorno) que son obligadas a continuar con sus embarazos. Cuando en alguna
conversación explicamos que Chile es uno de los pocos países del mundo que
penaliza el aborto sin ninguna excepción, muchas personas se sorprenden y
extrañan.
Para la opinión
internacional somos un país que ha logrado importantes avances en materia de
igualdad de género. Basta mencionar que somos uno de los pocos países en el
mundo que ha tenido una presidenta, reelecta, y además la primera en ejercer
como Directora de ONU Mujer. Por eso no pueden creer que Chile, el país que se
levantó tras la dictadura, que luchó por los derechos humanos y que prometió no
volver a repetir esa historia, sea incapaz de reconocer los derechos humanos de
las mujeres, aceptando el legado de la dictadura por más de 20 años. Porque la
penalización total del aborto es un legado de la dictadura.
Desde 1931 el aborto terapéutico era legal
en Chile. Fue en 1989, en los últimos meses del Gobierno de Pinochet, y
siguiendo los dictados de la jerarquía católica, cuando la junta militar
modificó la ley y criminalizó sin excepción la interrupción del embarazo. Y
terminó la dictadura, dejando los derechos reproductivos de las mujeres
chilenas hipotecados, como una de las monedas de cambio.
Todas sabemos que
el aborto clandestino es una realidad en Chile. Pero esa clandestinidad no nos
afecta a todas por igual. Las que viven en condiciones de pobreza quedan
expuestas al riesgo de un procedimiento médico inadecuado y además, en caso de
complicaciones, deben acudir a centros de salud públicos que a menudo las
denuncian, y son así el primer paso de la persecución penal (Universidad Diego
Portales, Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, 2013). En cambio, las
mujeres que vivimos en otros países, o las que cuentan con recursos económicos
suficientes, pueden acceder a abortos más seguros en clínicas privadas o viajar
al extranjero para interrumpir sus embarazos legalmente. En Chile, la
prohibición total del aborto sólo acentúa las desigualdades de clase.
Sin embargo, el
temor a la sanción penal y social hace que todas, ricas y pobres, deban permanecer
en silencio, o contar sus experiencias sólo en sus círculos cercanos. El temor
y el estigma marca sus experiencias, a diferencia de aquellas que podemos
interrumpir un embarazo en condiciones de legitimidad política, social y
sanitaria. Las mujeres que abortan legalmente muestran una relación de
bienestar con ellas mismas y con sus decisiones, son mujeres comprometidas con
sus maternidades, son mujeres más tranquilas.
Aspiramos a que
las maternidades sean deseadas y disfrutadas. Aspiramos a que ese estigma
desaparezca de las mujeres y que, por el contrario, sea el Estado de Chile el
que sienta vergüenza de mantener una legislación heredada de la dictadura y que
viola los derechos fundamentales de las mujeres. Nosotras, y muchas otras
mujeres, estamos comprometidas en conseguirlo, porque aspiramos a que todas las
mujeres en Chile tengan los mismos derechos con los que contamos nosotras, en
estos momentos.
Verónica Boero Chancy, Carmen Cares Mardones, Beatriz
Cantero Riveros, Paola Contreras Hernández, Lucía Egaña Rojas, Lorena Garrido
Jiménez, Judith Muñoz Saavedra, Patsilí Toledo Vásquez y Macarena Trujillo
Cristoffani (Barcelona, España)
Por el derecho a decidir, también en Chile. Somos chilenas
viviendo en países que reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres y queremos que se garanticen también en Chile.
Facebook: Por el derecho a decidir, también en Chile
Fuente: Hysteria México 2015
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